El juicio que evaluará la constitucionalidad del Decreto Tajani está programado para marzo de 2026. Hasta entonces, los descendientes de italianos deberán recorrer un largo camino de incertidumbre, marcado por iniciativas como la centralización de las solicitudes de ciudadanía en un único organismo, mediante un Proyecto de Ley que ya se encuentra en evaluación en el Parlamento italiano.
La concentración de los servicios destinados al reconocimiento de la ciudadanía italiana en Roma, en un primer momento, puede no parecer un gran obstáculo para los descendientes que desean reconectarse con sus antepasados. Sin embargo, resulta necesaria una evaluación más cuidadosa del escenario actual para comprender la dimensión del posible colapso futuro del sistema italiano.
La publicación del Decreto Tajani no produjo el efecto esperado por los parlamentarios italianos. Las solicitudes de ciudadanía italiana continuaron creciendo y sobrecargando al poder judicial. En siete meses (de marzo a octubre), solo en Venecia se presentaron más de 10.000 acciones de ciudadanía iure sanguinis. Esto demuestra que los ítalo-descendientes continuaron confiando en la caída de la normativa. Además, la tendencia sigue siendo de aumento en el número de solicitudes.
Desde esta perspectiva, surge otro escenario: en marzo, todos aquellos que esperan la resolución sobre el decreto, dependiendo de la decisión del Tribunal Constitucional, iniciarán sus solicitudes de ciudadanía, saturando aún más el flujo de los órganos italianos, tanto judiciales como administrativos. Este hecho probablemente provocará un retraso significativo en los plazos de los servicios públicos italianos, ya de por sí atrasados.
Previsiones sobre la centralización de los procesos de ciudadanía en Roma
En primer lugar, es necesario destacar un hecho central: el debate en torno a la ciudadanía italiana ha dejado de ser únicamente una cuestión jurídica o administrativa para ocupar un lugar central en el juego político del Parlamento. Tras bambalinas, el tema se utiliza como instrumento de disputa institucional, ajuste de agendas y respuesta a presiones internas del Estado italiano. Es en este contexto que avanzan los Proyectos de Ley 1450 y 2369, que proponen una profunda reestructuración del reconocimiento de la ciudadanía italiana, con potencial para alterar de forma estructural los mecanismos legislativos y administrativos actuales.
El Proyecto de Ley 1450 establece un límite de plazo para el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Por su parte, el Proyecto 2369 busca reducir los servicios administrativos italianos, incluyendo el traslado de todos los procesos a Roma. No obstante, la centralización de los procesos en un único organismo generará un problema adicional de judicialización, ya que esta vía solo se vuelve viable cuando se demuestra la ineficiencia de los servicios administrativos italianos. Paradójicamente, el propio Proyecto 1450, que impone un límite, propone también ampliar el plazo máximo de reconocimiento de 2 a 3 años. En resumen, además del aumento significativo de solicitudes debido a la posible caída del Decreto Tajani el próximo año, la vía judicial será aún más inviable para los ítalo-descendientes, que deberán enfrentar colas incluso más largas que las actuales de los consulados.
La vía administrativa (consulados en Brasil y comuni en Italia) es la vía prioritaria para el reconocimiento de la ciudadanía italiana. La judicialización del proceso solo es posible cuando se comprueba la ineficiencia de los servicios administrativos italianos. Actualmente, las listas de espera de los consulados en Brasil alcanzan un promedio de 10 años para finalizar el proceso, pese a que la ley italiana establece un plazo máximo de 2 años.
Para ejemplificar la ineficiencia de la vía administrativa en Brasil, solo en 2024 la lista de espera del Consulado de São Paulo superó las 30.000 solicitudes, correspondientes a trámites iniciados en 2022. Es decir, el consulado tardó dos años únicamente en publicar los nombres de los solicitantes admitidos a la fase de evaluación. Incluso los propios organismos reconocen que la falta de personal es el principal factor de retraso en los servicios consulares. Por lo tanto, se prevé que este escenario se repita con la centralización de los procesos en Roma, pero de forma amplificada.
Reseñas en Google: relatos recurrentes de ciudadanos exponen la sobrecarga y la ineficiencia estructural de la atención consular italiana, marcada por retrasos, falta de comunicación y escasez de personal.
Con la legislación actual vigente, que establece un plazo máximo de 24 meses, la vía judicial siempre fue una alternativa accesible para los ítalo-brasileños afectados por la ineficiencia consular. La centralización, sumada al aumento del plazo máximo de reconocimiento, creará un obstáculo concreto para que los descendientes puedan demostrar la ineficiencia del nuevo organismo, que comenzará a operar ya con un volumen elevado de solicitudes.
