La decisión del Tribunal Constitucional sobre la nueva Ley de Nacionalidad portuguesa trajo un alivio parcial, pero también confirmó cambios relevantes para los inmigrantes que viven en Portugal.

Aunque algunas normas fueron consideradas inconstitucionales, otras igualmente sensibles para la comunidad extranjera se mantuvieron y deberán entrar en vigor tras los trámites finales en el Parlamento.

Para aclarar el impacto práctico de la decisión, analizaremos qué no fue aprobado, qué sí fue aprobado y qué ni siquiera fue examinado por el Tribunal, pero ya se encuentra aprobado.

Al igual que ocurrió recientemente con la Ley de Extranjería, las modificaciones deberán avanzar de forma gradual.

Lo que el Tribunal Constitucional consideró constitucional

El Tribunal decidió no bloquear dos cambios centrales que afectan directamente a las solicitudes de nacionalidad:

• La eliminación del artículo que permitía computar el tiempo de espera por la autorización de residencia a efectos de la solicitud de nacionalidad portuguesa;

• La ausencia de un régimen transitorio, incluso para cambios que amplían los plazos y dificultan el acceso a la nacionalidad.

Esto significa que solo podrá contabilizarse el tiempo de residencia con título válido, independientemente de los retrasos administrativos.

Lo que ya fue aprobado y no pasó por el Tribunal Constitucional

Algunas normas no fueron sometidas al análisis del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, siguen siendo válidas, aunque aún no estén en vigor. Entre ellas:

• El fin de la posibilidad de solicitar la nacionalidad portuguesa con base en el nacimiento de un bebé en Portugal;

• La exigencia de cinco años de residencia legal con título para que los niños nacidos en el país tengan derecho a la nacionalidad;

• El aumento del tiempo mínimo de residencia con título:

  • de cinco a siete años para ciudadanos de la CPLP;

  • de diez años para ciudadanos de otros países;

• La eliminación definitiva del régimen especial para descendientes de judíos sefardíes.

Lo que fue considerado inconstitucional

El Tribunal eliminó algunos puntos que, según los jueces, violaban principios fundamentales de la Constitución portuguesa. Fueron considerados inconstitucionales:

• La pérdida de la nacionalidad como pena accesoria en determinados delitos;

• La denegación de la nacionalidad basada en conceptos subjetivos, como la supuesta falta de adhesión a la comunidad nacional, a las instituciones o a los símbolos del país;

• La norma que impedía la nacionalidad a quien hubiera sido condenado a una pena igual o superior a dos años de prisión;

• El impedimento automático en casos de “fraude manifiesto”, sin una definición clara;

• La regla que exigía que todos los requisitos estuvieran cumplidos en el momento de la solicitud, sin posibilidad de subsanación posterior.

Estos puntos deberán ser reformulados.

Próximos pasos en el Parlamento

Tras la decisión del Tribunal, el gobierno portugués deberá ajustar únicamente los artículos anulados y reenviarlos al Parlamento para una nueva votación. No será necesario reexaminar toda la ley, lo que tiende a acelerar el proceso.

No obstante, el calendario político puede provocar retrasos.

La última sesión plenaria antes del receso se celebrará mañana, 17 de diciembre, y los trabajos se retomarán recién en enero.

Además, habrá interrupciones debido a las elecciones presidenciales.

Qué cambia, en la práctica, para los inmigrantes

Mientras las modificaciones no entren en vigor, los plazos actuales seguirán aplicándose.

Esto beneficia, por ejemplo, a personas próximas a completar cinco años de residencia o a familias que esperan el nacimiento de hijos en Portugal.

En definitiva, la decisión del Tribunal Constitucional no impidió el endurecimiento de la Ley de Nacionalidad, pero eliminó disposiciones consideradas excesivamente punitivas o imprecisas.

El escenario actual exige una atención redoblada por parte de los inmigrantes, que deberán seguir de cerca los próximos pasos legislativos para evaluar el mejor momento para presentar sus solicitudes.

El debate sobre la nacionalidad portuguesa sigue abierto y tiene un impacto directo en miles de vidas.