Portugal ha prohibido el uso del burka en espacios públicos, siguiendo la tendencia de otros países europeos. La medida, aprobada por mayoría en el Parlamento, restringe el uso de vestimentas que cubran completamente el rostro en lugares públicos como oficinas, escuelas, hospitales y transporte.

El gobierno justifica la decisión como una cuestión de seguridad y neutralidad institucional, pero la aprobación ya genera debate entre juristas y líderes religiosos, que ven un riesgo para la libertad individual.

Seguridad y neutralidad como argumentos

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Administración Interna y clasificada como una acción “preventiva y necesaria”. Según el gobierno, el uso de ropa que oculte totalmente el rostro dificulta la identificación personal y “puede comprometer el funcionamiento seguro de los espacios públicos”.

Las autoridades recalcaron que la ley no tiene carácter religioso, sino administrativo, similar a las normas adoptadas en Francia, Bélgica, Dinamarca y Austria, donde medidas semejantes ya están en vigor desde hace más de una década.

Reacciones y críticas

Asociaciones musulmanas y entidades de derechos humanos reaccionaron con preocupación. El Consejo Islámico de Lisboa afirmó en un comunicado que la decisión “viola el derecho a la libertad religiosa garantizado por la Constitución portuguesa” y puede aumentar el estigma sobre las mujeres musulmanas.

El Alto Comisionado para las Migraciones también pidió cautela en la aplicación de la norma, advirtiendo del riesgo de “discriminación cultural y social”.

Apoyo político y contexto europeo

Los partidos conservadores y liberales apoyaron la decisión, argumentando que el país debe alinearse con las políticas europeas de seguridad. Para el gobierno, la ley refuerza “la neutralidad del Estado” y “la convivencia social basada en la transparencia y el respeto mutuo.”

El caso portugués refleja decisiones ya adoptadas en Francia (2011) y Bélgica (2012), donde los tribunales constitucionales confirmaron que la prohibición no viola los derechos humanos, siempre que se aplique de manera proporcional.

Qué cambia en la práctica

Con la nueva ley, el uso del burka y de cualquier velo integral que impida la identificación facial estará prohibido en instituciones públicas y en lugares donde la identificación sea obligatoria por ley.

La violación de la norma implicará multas administrativas, sin consecuencias penales. El gobierno también anunció campañas educativas orientadas a promover la igualdad de género y la integración cultural.