El proceso judicial contra Daniela Santanchè, ministra italiana de Turismo y empresaria, ha entrado en una nueva fase de bloqueo. El tribunal decidió “congelar” la audiencia preliminar hasta febrero de 2026, suspendiendo también el plazo de prescripción.
La ministra está acusada de fraude agravado contra el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) en el caso Visibilia, que implica unos 126.000 euros en beneficios indebidos de desempleo durante la pandemia de Covid-19. Según la Fiscalía, 13 empleados fueron registrados como “inactivos” (“zero hora”) mientras seguían trabajando desde casa.
Estrategia de la defensa y plazos legales
La defensa de Santanchè, dirigida por un nuevo abogado, sostiene que el proceso contiene mensajes privados obtenidos sin autorización parlamentaria, lo que los haría pruebas “inutilizables”.
El aplazamiento, según el tribunal, busca garantizar el pleno derecho de defensa y un tiempo adecuado para analizar las pruebas. Aun así, surgen críticas sobre la lentitud de la justicia italiana, especialmente en casos que involucran figuras públicas.
Riesgo de prescripción y confianza pública
La Fiscalía advirtió que los aplazamientos sucesivos podrían llevar a la prescripción del delito, cerrando el caso antes de una sentencia de fondo. Aunque el plazo de prescripción está suspendido, los continuos “congelamientos” debilitan la confianza pública en el sistema judicial.
En el plano político, el caso es seguido de cerca por el gobierno y el partido Fratelli d’Italia, liderado por Giorgia Meloni. Algunos aliados ya señalaron que, si la ministra llega a juicio, debería apartarse del cargo para preservar la imagen del gobierno.
Duración razonable del proceso
La Constitución italiana (art. 111) y la Convención Europea de Derechos Humanos garantizan el derecho a un proceso en un tiempo razonable. Sin embargo, los aplazamientos sucesivos ponen en duda este principio.
Durante la audiencia, los fiscales enfatizaron que “la justicia no puede ser aplazada indefinidamente”, advirtiendo sobre el riesgo de impunidad y el desgaste institucional.
Peso político y repercusión
El caso Santanchè tiene una fuerte repercusión política en Italia. Además de este proceso, la ministra enfrenta otras investigaciones, incluido un presunto falso balance contable en sus empresas.
Como el proceso involucra fondos públicos utilizados durante la pandemia, cada nuevo retraso preocupa tanto a la oposición como a miembros del gobierno. El episodio aumenta la presión sobre el gobierno de Meloni, que intenta mantener una imagen de integridad.
Qué sigue
La próxima audiencia está prevista para febrero de 2026, cuando el juez decidirá sobre la admisibilidad de las pruebas y las cuestiones preliminares que determinarán si el caso continúa a juicio.
Mientras tanto, el plazo de prescripción permanece suspendido, evitando que la demora beneficie automáticamente a los acusados. Si el proceso se prolonga, podría reabrirse el debate sobre la reforma de la justicia penal italiana y los límites legales de la prescripción.
